Por:
Paola Lara, Asesora en Derecho Parlamentario.
Alejandra Leal, Codirectora de Céntrico.
Daniela Zepeda, Secretaria Técnica de Reacciona por la Vida A.C.
En el mundo, 1.3 millones de personas mueren cada año en percances viales. Aunque todos conocemos a alguien que ha sufrido por un percance vial, hemos normalizado estas muertes y lesiones que se podrían haber prevenido. La magnitud de esta tragedia ha ocasionado que desde el 2010 la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) considere a los accidentes viales como uno de los grandes retos de salud pública que enfrentamos actualmente.
Con el objetivo de evitar estas 3 mil muertes diarias, en marzo de 2010, la ONU proclamó el periodo 2011-2020 como el Decenio de Acción para la Seguridad Vial. La meta es reducir a la mitad el número de víctimas mortales y lesionados de gravedad por esta causa.
Desafortunadamente, nuestro país no es ajeno a esta problemática: todos aquellos que nos movemos en las calles de México diario enfrentamos el riesgo de perder la vida o ser víctimas de lesiones ocasionadas por el tránsito. Sobre todo los usuarios más vulnerables: peatones y ciclistas.
Aunque solo falta un año para que finalice el Decenio, el último informe del Secretariado Técnico del Consejo Nacional de Prevención de Accidentes de la Secretaría de Salud (CONAPRA) señala que, en 2016 se registraron 372 mil 618 accidentes viales, donde fallecieron 16 mil 185 personas. Estas cifras están muy lejos de la meta a la que se comprometió el gobierno mexicano.
En México la falta de seguridad vial es una de las primeras causas de muerte de niños y jóvenes. Se estima que los traumatismos derivados de accidentes de tránsito son la primera causa de discapacidad motriz en jóvenes de 17 a 24 años. Debe mencionarse que los accidentes de tránsito cuestan al país alrededor del 1.7% del PIB, equivalente a $150 mil MDP, por pérdida de productividad, daños materiales, y atención médica y hospitalaria, lo que sin duda es una cantidad altísima que podría ser utilizada en otras necesidades nacionales.
Los organismos internacionales dedicados a mejorar la seguridad vial han mostrado que una de las acciones indispensables para mejorar la seguridad vial es la existencia de una ley. Sin embargo, en México aunque existen iniciativas sobre el tema para reformar distintos ordenamientos jurídicos, éstas se encuentran pendientes de dictaminar.
Todos tenemos la necesidad de trasladarnos para realizar nuestras actividades y para acceder a bienes y servicios; y lo hacemos por distintos modos de transporte. La regla debe ser que lo hagamos de forma segura. Las condiciones desproporcionadas en que las personas mueren o se ven afectadas en su integridad física o patrimonio por el simple hecho de trasladarse, deben ser una llamada de atención para los distintos órdenes de gobierno.
La complejidad del tema obliga a la existencia de un marco normativo de vanguardia en el que se aborden aspectos de salud, transporte, desarrollo urbano, seguridad pública, turismo, productividad laboral, derecho a un ambiente sano y movilidad; también es necesario establecer la forma en que deben distribuirse las facultades entre las diversas autoridades y órdenes de gobierno (estatal, federal y municipal). La Seguridad Vial debe ser vista como una política de Estado en donde todos los sectores estemos involucrados. Es esencial contar con un marco jurídico general, es decir, una ley general que distribuya competencias entre los distintos órdenes de gobierno y que establezca principios que deberán regir a las autoridades y la sociedad en esta materia específica.
La buena noticia es que desde hace más de 4 años, diversas organizaciones de la sociedad civil, especialistas en el tema de la seguridad vial, iniciaron un proceso de colaboración cuyo objetivo es garantizar la seguridad vial en todo el país.
Actualmente el proceso avanza a través de la realización de diversos foros regionales para involucrar a personas de toda la república en la construcción de esta ley.
¿Para qué necesitamos una Ley General de Seguridad Vial?
La iniciativa tiene por objeto la protección de la vida y la integridad física de las personas en sus desplazamientos por las vías públicas del país, por medio de un enfoque de prevención que disminuya los factores de riesgo a través de la generación de sistemas viales seguros.
El contenido de la Ley se basa en acciones recomendadas por la Asamblea General de ONU:
- Gestión de la Seguridad Vial: alentar la creación de alianzas multisectoriales y la designación de organismos coordinadores que tengan capacidad para elaborar estrategias, planes y metas nacionales en materia de seguridad vial.
- Infraestructura vial: el mejoramiento de planificación, diseño, construcción y el funcionamiento de las vías, teniendo en cuenta la seguridad vial.
- Uso de vehículos más seguros: alentar el despliegue de mejores tecnologías de seguridad en los vehículos.
- Usuarios de la vía: elaborar las disposiciones administrativas necesarias para lograr la homologación de las normas que rigen el comportamiento de los usuarios de las vías públicas.
- Atención médica prehospitalaria: aumentar la capacidad de respuesta a las emergencias ocasionadas por los accidentes de tránsito.
Algunos de los instrumentos previstos en la iniciativa para disminuir el riesgo de perder la vida y aumentar la protección de los usuarios vulnerables son la creación del Fondo Nacional de Seguridad Vial cuyo objetivo será financiar programas y proyectos de prevención de muertes, lesiones y discapacidades derivados de percances viales; la obligatoriedad del seguro de responsabilidad civil por daños a terceros a nivel nacional; y la implementación de un Registro Único Nacional de Licencias de Conducir; entre otros.
Los diputados y senadores tienen la oportunidad única de dar continuidad al trabajo de organizaciones de la sociedad civil expertas en seguridad vial y aprobar una Ley que constituya un marco jurídico para implementar acciones encaminadas a evitar que 44 personas mueran diariamente por moverse en el país.
